FISCALIA EN MEDIO DE ATRASOS

En las noticias de esta semana vemos un variado matiz de casos y acontecimientos que tienen que ver con la corrupción que se evidencia en la capital del país y en el país mismo. Para esta ocasión arrancaremos con el aplazamiento de dos audiencias de importancia para la justicia. La primera de ellas es la de la excontralora Claudia Morelli a quien por supuestas demoras en la entrega del material probatoria para la preparación de la defensa, el juez decide aplazar la audiencia previa solicitud del abogado defensor, sin embargo analizamos que esto puede ser una excusa para retrasar el caso y permite que la excontralora puede desarrollar sus actividades académicas en el exterior sin que la justicia nacional se convierta en una traba para tal fin y de paso lograr armar las pruebas suficientes para su defensa, como le va a quedar difícil debido al material probatorio que la fiscalía tienen en su contra ya que este parece ser muy contundente. 

La segunda audiencia que fue aplazada y esta vez por una incapacidad del juez de garantías, es la de César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, ex secretarios del palacio de Nariño y quienes estuvieron vinculados con el escándalo de las chuzadas del extinto DAS; estos dos personajes deben pagar por los delitos cometidos y las pruebas que hay en su contra son más que evidentes, sin embargo la justicia no parece llegar con firmeza contra las personas que estuvieron involucradas en este acto ilegal que violaba el derecho a la privacidad e integridad personal de, en gran parte, la oposición política y social al gobierno que se encontraba de turno, el de Uribe. 

Sin embargo una luz de justicia de evidencia en el camino, ya que el ex director de inteligencia y de control interno del DAS Carlos Alberto Arzayús Guerrero fue condenado a 6 años de prisión, pero no por las chuzadas del DAS sino por tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque quien había publicado un informe donde miembros del DAS se ven involucrados en el asesinato de Jaime Garzón. El caso de Jaime ha sido uno de los más polémicos de los últimos tiempos y es importante que este no quede en la impunidad, ya que aunque han caído algunos de los autores materiales del crimen, aún se encuentran libres los autores intelectuales, aquellos a quienes las verdades humorísticas del comediante crítico les aluden y afectan, la clase política, terrateniente y mafiosa. No es raro ver involucrados a ex miembros del DAS en hechos que atenten contra la vida y la integridad de quienes piensan diferente y se oponen al poder establecido, esto deja en evidencia que el DAS no era más que un organismo de inteligencia contra la oposición. 

Por su parte el caso del asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra a manos del policía Giovanny Tovar por fin tiene síntomas de aclararse, ya que el policía decidió aceptar los cargos a cambio de dar testimonio contra sus compañeros, lo cual nos da un claro mensaje de que la policía actúa muchas veces de manera inescrupulosa contra los jóvenes de los barrios populares. 

Como es de esperarse, no hay semana que el carrusel de la contratación no sea noticia, y esta vez es Samuel Moreno quien intenta ponerle trabas al proceso judicial argumentando que se le están violando sus derechos políticos y denunciandolo ante la CIDH, sin embargo esto no le ayudara en nada al ex alcalde para salir del tremendo escándalo de corrupción en el que evidentemente tiene un alto grado de culpabilidad y esta nueva reacción no deja de ser más que un intento por captar la atención de la comunidad internacional. Por su parte el coronel Luis Alfonso Plazas Vega sigue negando su culpabilidad ante la desaparición de 2 personas durante la toma del palacio de justicia, hecho que en la actualidad sigue sin esclarecer y que aparentemente militares y el mismo gobierno de la época tuvieron que ver en la desaparición extraña de personas, ya que lógicamente no le convenía por algún motivo que se supiera toda la verdad de los verdaderos hechos que se dieron en el palacio y que aún son desconocidos por la mayoría de la sociedad colombiana.

Dentro del contexto legislativo no puede faltar la polémica del proceso de paz entre gobierno y FARC, esta vez es la Corte Suprema de Justicia la que pide que no se le asigne estudiar más casos de extradición, ya que para este tema cuando tiene que ver con delito político, la rama ejecutiva tiene toda la potestad para tomar decisiones de la si o no extradición de los guerrilleros de este grupo insurgente. De hecho para que el proceso de paz se lleve a buen término es importante analizar qué consecuencias tendría para el postconflicto la extradición de algunos guerrilleros que han sido solicitados por la justicia de otros países, principalmente EE.UU. ya que al estos ser juzgados en otros territorios ajenos a la nación podrían impulsar nuevos levantamientos armados de indignación de las bases guerrilleras por su tendencia anti-imperialista. Por otra parte el presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Carlos Zambrano insiste en la preocupación por la cantidad de demandas contra los hechos delictivos de la insurgencia y la saturación de los magistrados para tramitarlos, sin embargo es importante considerar que muchos de estos tendrán trámite directo en el sistema de justicia espacial que se aplicará para los desmovilizados. Lo que realmente llega a ser un punto importante de preocupación es la magnitud que se le da a los crímenes de las insurgencias y se intenta opacar que muchos de los paramilitares más peligrosos que ha tenido este país y autores de miles de masacres aún sin resolver están a punto de quedar en libertad. Sin embargo esto ya no aparece en medios. 

La corrupción sigue siendo el pan de cada día y tiene a intensificarse, aunque hay que tener fé en que la impunidad no se perpetúe y logremos llegar algún día a ver un país con mayores principio y valores donde se priorice en el bienestar colectivo.

BIBLIOGRAFÍA

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