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viernes, 2 de octubre de 2015




DE LOS ACUERDOS Y DESACUERDOS CON LAS FARC, Y OTRAS POLÉMICAS

Dentro del contexto coyuntural de la capital evidenciamos con gran preocupación el problema que se está presentando con respecto al caso del ex-alcalde Samuel Moreno y su proceso judicial con respecto a la evidente burla que ha manifestado junto a su abogado Luis Fernando Becerra con su inasistencia a los tribunales bajo excusas que evidentemente solo pretenden darle largas hasta lograr el vencimiento de términos; este suceso demuestra el inconformismo del juez a cargo, dado que lo considera como una falta de respeto al poder judicial y a los bogotanos que fueron víctimas de sus actos ilícitos.

Por otra parte y entrando a una de las polémicas mas grandes en la actualidad de nuestro país, vemos que una gran parte de ciudadanos de la capital junto a algunos miembros de cargos políticos están sumamente inconformes con la forma en como se pretende penalizar a los miembros de las FARC, dado que según ellos es injusto con las víctimas y familiares de éstas, pues son los que más han recibido directamente el impacto del conflicto armado; es evidente que la intención del gobierno es consolidar la "paz", sin embargo el afán de los acuerdos es para poder fortalecer la imagen del país hacia los mercados extranjeros para seguir vendiendo nuestro bienes naturales al mejor postor. Mientras tanto las victimas del conflicto siguen con miles de preguntas frente a como se resarcirán los daños causados y cuales son las condenas a las que se deben enfrentar los miembros de este grupo insurgente por los delitos cometidos.

Dentro de este contexto, se manifestó la orden del fiscal Luis Eduardo Montealgre de detener las imputaciones que recaerían sobre este grupo insurgente hasta que no se defina el nuevo modelo de justicia que se aplicara a las FARC posterior al acuerdo que se firme en la Habana. Es importante analizar de manera profunda la forma en que se llevaran a cabo estos procesos de justicia especial ya que también aseguro el fiscal que los delitos de lesa humanidad serán castigados con todo el peso de la ley.

Por su parte, el senador Alvaro Uribe manifesto que no se les debe dar un trato especial a los líderes de las FARC, ya que como cualquier otros, éstos son Colombianos y se les debe aplicar las mismas leyes que sus semejantes, cosa que resulta contradictoria para el senador dado que durante su periodo de gobierno se realizo la "desmovilización" de las AUC y a ellos se les aplico la medida de la Ley de Justicia y Paz, creado por el gobierno nacional en el 2005 y la cual beneficio a los paramilitares dándoles grandes privilegios y obvian la reparación integral a las victimas de los atroces crimines cometidos, tanto así que hoy en día son muchos los jefes paramilitares que están a puertas de lograr su libertad tan solo 8 años después. La doble moral de Uribe es evidente y pareciera ser uno de los mas grandes enemigos de la salida política al intenso conflicto armado que vive nuestro país.

Frente a la participación política de las FARC también se ha levantado una gran polémica. Lideres del Centro Democrático, el Procurador Ordoñez y otros actores de la vida política del país, se oponen rotundamente a la posibilidad de participación política de las FARC, sin embargo de no darse dicha participación política el proceso de paz correría gran riesgo ya que este grupo insurgente se alzo en armas debido su desacuerdo con las políticas de estado y a la falta de garantías para la oposición política que se evidenciaron tras la muerte de Jorge Eliecer Gaitán y con la construcción bipartidista del Frente Nacional donde se monopolizo el poder y no hubo cabida para propuestas políticas alternativas. Así pues si no existiera la posibilidad de ejercer participación política por parte del grupo insurgente, el acuerdo de paz para este seria en vano y correría el riesgo de un nuevo levantamiento armado ya que en evidencia su apuesta esta en cambiar la lucha armada por la lucha política y electoral.

Por último, es importante entender los acuerdo de Paz como una salida política al conflicto armado y no como una Paz estructural, ya que las raíces del conflicto están en la falta de garantías sociales y de derechos como la salud, la educación y la vivienda, problemáticas que hasta el momento no han sido resueltas y que son necesarias para que exista una verdadera paz y un cese real del conflicto social.




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